Ante la incapacidad y el desprecio del gobierno federal y el gobierno estatal, Marisela fue asesinada por pedir justicia para su hija Rubí.
“No me voy mover de aquí hasta que detengan al asesino de mi hija” fueron las declaraciones de Marisela, antes de colocar su pequeño campamento en la Cruz de Clavos NI UNA MÁS, en la Ciudad de Chihuahua. Estaba dispuesta a pasar navidad y año nuevo en ese lugar emblemático, en el que apenas el 25 de noviembre pasado, había participado en una manifestación junto con las madres de Justicia para Nuestras Hijas, para colocar en la cruz, más de 300 nombres de las mujeres que han sido asesinadas en el estado de Chihuahua tan sólo en este año, 2010.
Rubí, tenía 16 años cuando fue asesinada por Sergio Rafael en agosto de 2008. Desde que desapareció y su pequeño cuerpo fue encontrado en un terreno junto a huesos de marranos, la madre de Rubí, Marisela, una enfermera jubilada, dedicó su vida a buscar justicia para su hija, convirtiéndose una defensora de derechos humanos.
El mismo día que el Secretario de Gobernación, Francisco Blake, pedía a la ciudadanía “sacudirse el miedo para combatir a los criminales”, Marisela fue asesinada frente a las puertas del Palacio de Gobierno de la Ciudad de Chihuahua, mientras realizaba una protesta pacífica e indefinida para exigir a las autoridades la detención del asesino de su hija Rubí.
Marisela no sólo se sacudió el miedo, caminó durante días desde la Subprocuraduría de Justicia a la Ciudad Judicial en Ciudad Juárez para exigir sanción para el asesino de su hija. La acompañaban una carriola con su nieta de dos años y un cartel con la foto de su hija Rubí. Un tribunal de juicio oral dejó en libertad al asesino, cimbrando el sistema de justicia.
Marisela, luchadora incansable, logró junto con las abogadas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) que un tribunal de casación (integrado por tres magistrados) rectificara la decisión de los jueces y logró obtener una sentencia condenatoria contra Sergio Rafael, asesino confeso, en el que se le condenaba finalmente a 50 años de prisión.
“Ya me cansé de hacer su trabajo, ahora les toca a ellos” decía Marisela. Efectivamente, mientras las autoridades no lograron encontrar a Sergio Rafael, Marisela con sus propios recursos, lo ubicó en Zacatecas y dio aviso a la Procuraduría de Chihuahua, que alegó que por trámites burocráticos no pudo detenerlo.
La Procuraduría del estado de Chihuahua le informó a la madre, que en coordinación con la Procuraduría General de la República y las de los Estados “se encontraban buscando al asesino de su hija en todo el país”. Nunca lo encontraron.
Durante dos años, recorrió el país. Regresó a Zacatecas, viajó a la Ciudad de México donde solicitando audiencia con el Presiente Calderón y con el Procurador Arturo Chávez Chávez, quienes se negaron a recibirla. Se entrevistó con mandos de la Procuraduría General de la República que le prometieron que buscarían al asesino de su hija. Tampoco lo encontraron.
Días antes de ser asesinada, acudió a un acto donde se encontraba el Gobernador de Chihuahua, César Duarte y sacó una pancarta que decía “justicia, privilegio de gobiernos”. La solicitud de Marisela hizo enojar al Gobernador, como lo documentaron varios periódicos locales. El gobernador incluso la regañó y despreció. Después, logró entrevistarse con el Fiscal del estado de Chihuahua que le prometió que revisaría su caso.
Lucha Castro, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) declaró “en estos momentos, no se puede descartar ninguna línea de investigación, incluida la de un crimen de estado pues Marisela no iba a parar hasta que detuvieran al asesino de su hija”.
Marisela murió a las puertas del Palacio de Gobierno y frente a la cruz de clavos que colocaron la red de mujeres de negro y madres de las jóvenes asesinadas en el estado de Chihuahua. Marisela fue asesinada por pedir justicia.
Sr. Presidente Calderón y Sr. Duarte, Gobernador de Chihuahua: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de los ciudadanos para hacer justicia y dónde empieza su labor como autoridades?
Ante tal incapacidad, cantidad de omisiones, desprecio y negligencia, el Estado mexicano es responsable y debe responder inmediatamente por el asesinato de Rubí y Marisela.
Ya basta. Ni una más.
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