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| De la Redacción | |
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PRONUNCIAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA Y DEL MEDIO RURAL DEL ESTADO.
Chihuahua es el “estado más adolorido”, como señala justamente Javier Sicilia. Además de Ciudad Juárez, convertida en epicentro de todas las violencias en estos últimos años, la sangre y el dolor recorren nuestra vasta geografía: hace unos años denunciábamos 300 feminicidios, no nos hicieron caso, y hoy tenemos que llorar casi 13 mil asesinatos. Uno de cada tres homicidios dolosos perpetrados en el país durante esta guerra, ocurre en Chihuahua.
La zona serrana ha visto masacres tan terribles como la del 16 de agosto de 2008 en Creel y la incursión constante de comandos armados. Los delincuentes se están apoderando de tierras de las comunidades indígenas para sembrar enervantes; talan los bosques comunitarios y se roban la madera ante la impotencia o colusión de las autoridades. El terror obstaculiza las operaciones de abasto de alimentos básicos provocando carestía entre los habitantes más pobres del estado. La violencia se manifiesta también en el avance de los megaproyectos mineros turísticos y forestales a costa de los territorios y el medio ambiente de las comunidades. Las personas desaparecidas en la Sierra Tarahumara ni siquiera llegan a formar parte de la estadística oficial.
En otros municipios rurales, el crimen organizado aterroriza a las poblaciones mediante amenazas, incendios, desapariciones de personas, como sucedió la Alta Babícora en abril 2009. Se han despoblado muchas comunidades, como Colonia Alamillo, en Madera. Las actividades productivas se han afectado seriamente pues los criminales se roban maquinaria, implementos agrícolas, el equipo electro-mecánico de los pozos y el ganado. Se secuestra y extorsiona a los productores que pagan nóminas, o a quienes van a vender su cosecha... En muchos poblados como el de Pachera, en el municipio de Guerrero, la proporción de homicidios dolosos por número de habitantes resulta mucho mayor que en la propia Ciudad Juárez.
Muchos municipios rurales están prácticamente controlados por las bandas criminales, es el caso de Moris, Morelos, Urique, Ocampo, Batopilas, Guadalupe y Calvo, y Nonoava, entre otros. . Desde 2008 han sido asesinados los alcaldes de Namiquipa, Guadalupe y Calvo y Guadalupe Distrito Bravos,. así como varios ex-alcaldes, la ex-presidenta municipal de Balleza y varios regidores y funcionarios municipales. Otros han tenido que huir al extranjero.
Destacados dirigentes sociales que trabajaban en las zonas rurales han caído asesinados en el contexto de esta guerra tan absurda como interminable: el licenciado Ernesto Rábago, compañero de la abogada Estela Ángeles, miembros de la asociación civil Bowerasa, defensora de los derechos agrarios de la comunidad Rarámuri de Bakéachi, muerto a tiros en su oficina en marzo de 2010. O el dirigente de la Comunidad Le Baron, Benjamin Le Baron, asesinado junto con su cuñado Luis Widmar en julio de 2009. O el dirigente de Agrodinámica Nacional, Armando Villlarreal Marta, acribillado en las calles de Nuevo Casas Grandes en marzo de 2008. La familia Reyes Salazar, de larga tradición de lucha en el Valle de Juárez, ha visto ultimados a seis de sus miembros. Y nuestra memoria sangra cada vez que recordamos a Marisela Escobedo Ortiz, asesinada en la misma acera del Palacio de Gobierno por reclamar justicia ante el feminicidio de su hija Rubí.
La capital del estado se ha espantado con masacres como las del Bar Río Rosas en el otoño de 2008, o la del centro de rehabilitación “Fe y Vida” en 2010. Las ejecuciones y las balaceras también se han convertido en algo cotidiano en ciudades medias como Parral, Camargo, Jiménez y Nuevo Casas Grandes. A esto hay que agregar los múltiples atropellos cometidos por el Ejército y los diversos cuerpos policíacos, como el asesinato del joven Leonel Carrillo Soto, acribillado en abril de 2008 por la Policía Federal, en Guadalupe D.B. ; o el homicidio de tres personas no identificadas en el retén carretero del Ejército en Casa Colorada, Cuauhtémoc, en junio de ese año. O la desaparición forzada de los jóvenes Alvarado, ejecutada por elementos del Ejército en Benito Juárez, municipio de Buenaventura, el 28 de diciembre de 2009. Todos estos hechos permanecen totalmente impunes, pues a la fecha no se ha detenido a ningún policía ni a ningún militar por estos crímenes.
No olvidamos que en este absurdo combate que nos impusieron desde afuera y desde arriba han caído también varios periodistas, como “El Gallito” Miranda o “El Choco” Rodríguez. Así mismo, han sido ultimados agentes del orden honestos, en cumplimiento de su deber. Nos solidarizamos con sus familias, así como hacemos nuestra la causa de los huérfanos de todos los bandos, que tan sólo en el estado ascienden a cerca de diez mil.
La guerra impulsada por Calderón y dos gobiernos estatales ha provocado una escalada en todos los delitos que más dañan las vidas o el patrimonio de las familias chihuahuenses. En 2007, el año previo al inicio del Operativo Conjunto Chihuahua, hubo 469 homicidios dolosos en todo el estado; en 2010, cinco mil 212. El operativo también ha significado que en tres años el número total de delitos se dispare de 34 mil a 66 mil, que el robo de vehículos se eleve en un 224%, que el número de secuestros denunciados se eleve de 21 a 190 anuales. Además, el número de desapariciones forzadas tan sólo en este funesto trienio es de más de 200 y el de mujeres desaparecidas más de 132. Los feminicidios continúan y el año pasado hubo alrededor de 150. Esa es la tasa de victimización, de sufrimiento que esta guerra le ha impuesto a la gente de Chihuahua.
Por eso las y los chihuahuenses no podemos menos que saludar y dar la bienvenida a la Caravana del Consuelo por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza Javier Sicilia. En el dolor de este padre que se pone de pie y camina decidido vemos el dolor, la solidaridad y la decisión de caminar de tanta gente y tantas comunidades de nuestro estado y del país, para refundar México desde la justicia y la paz. Nos unimos con entusiasmo a esta Caravana, porque en este país en donde todo va de la periferia al centro, es un gran signo de transformación que esta caravana venga del centro a la periferia, y que Juárez, nuestra querida y vulnerada frontera, sea no el confín de la patria, sino el lugar donde comience una nueva nación. Por eso, un grupo de chihuahuenses, representantes de todas y todos nosotros se unió a la Caravana desde el 5 de mayo llevando la campana que comenzó a redoblar por el feminicidio y ahora llama a todo México a sumarse a este movimiento.
Con enormes fraternidad y sororidad recibimos a la Caravana desde el primer kilómetro de nuestro estado y los acompañaremos hasta Ciudad Juárez. Vamos a encontrarnos, a reconocernos. Sabemos que somos diferentes, pero estamos convencidos de que sólo la unidad entre nosotros, los que integramos esta sociedad indignada, podrá traernos la paz y la justicia. Vamos a caminar juntos de aquí para adelante, sin dejar que las diferencias ideológicas, políticas o religiosas mantengan nuestros pies baldados.
En Juárez queremos construir, firmar y empezar a poner en marcha un amplio Pacto Ciudadano. Un acuerdo en el que converjamos organizaciones y personas de la sociedad, nada más, pero nada menos. Con los diversos órdenes de gobierno no vamos a pactar. Vamos a emplazarlos, vamos a mandatarlos como es nuestro derecho. No nos cerramos al diálogo, pero tenemos la convicción que éste no será fructífero si no le mostramos al gobierno el músculo de la movilización y resistencia ciudadanas.
Por eso, a la vez que hacemos patentes nuestra voluntad firme y disposición a caminar, discutir y acordar con nuestras hermanas y hermanos de todo el país, queremos poner en claro nuestras propuestas:
1. En Ciudad Juárez debe haber una amplia discusión mediante mecanismos muy participativos sobre las seis exigencias básicas del movimiento, la inclusión de otras, la priorización de las mismas y la manera de emplazar al gobierno a partir de ellas.
2. El Pacto debe ser claramente entre ciudadanos y ciudadanas, horizontal, con representación de mujeres, hombres, jóvenes, adultos mayores; de las y los trabajadores, de los campesinos, de las comunidades indígenas, del país diverso al que pertenecemos.
3. Además de las exigencias, el Pacto debe incluir un programa de acciones no violentas, de resistencia civil a llevarse a cabo en fechas previamente acordadas en todo el país, tanto para acrecentar nuestra fuerza como para extender la conciencia de nuestro movimiento.
4. Una de las primeras acciones es que levantemos un “registro civil” alternativo de las víctimas de las violencias; que las nombremos, que narremos los agravios sufridos por la gente, que cultivemos la memoria.
5. Nuestra principal demanda al gobierno es que debe cambiar cuanto antes el enfoque militarista y la estrategia de guerra de la seguridad pública y asumir una nueva estrategia de seguridad humana y ciudadana con enfoque en los derechos humanos. Se tiene que partir del hecho de que estamos en una situación de emergencia humanitaria. Por tanto:
· Se deberá retirar cuanto antes el Ejército de las calles y del control del sistema de seguridad pública, quedando en manos de las autoridades civiles.
· Se deberán esclarecer en primer lugar y hacer justicia en los casos que resultan emblemáticos para las y los chihuahuenses: los feminicidios, las masacres de Creel, Villas de Salvárcar y los centros de rehabilitación, el de Benjamín Le Baron y Luis Widmar, el de la familia Reyes Salazar, el de Ernesto Rábago, el de Marisela Escobedo y su hija Rubí. Los jóvenes Alvarado deben ser presentados con vida y castigados los responsables de su desaparición forzada.
· Se deberá recomponer el tejido social con programas que estimulen el mercado interno, dentro de una nueva política económica, que reactiven la producción de alimentos en el campo, promuevan el arraigo familiar e impulsen la cohesión social con proyectos comunitarios.
· Se deberá atender, apoyar e indemnizar cuanto antes a las víctimas de la violencia y el delito, restableciendo, de acuerdo a los estándares internacionales, sus derechos lesionados y evitando la “revictimización”
· Se deberá implementar cuanto antes la “Alerta de Género” con propuestas claras para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
· Se deberá presentar una estrategia para la inhibición y control de la criminalidad que esté en el marco de la seguridad humana y ciudadana, en conformidad con los derechos humanos.
· Se deberá implementar un programa emergente de atención a las y los jóvenes, brindándoles acceso universal a la educación, en el nivel que les corresponda, a la salud, la cultura y el deporte.
· Se deberá cambiar significativamente la relación del gobierno de México con el de los Estados Unidos: ya no deberá aceptarse pelear la guerra que ellos nos imponen; ni seguir poniendo los muertos mientras ellos consumen las drogas, venden las armas y se benefician del lavado de dinero.
Chihuahua, Chih., a 8 de junio de 2011, en la recepción de la CARAVANA DEL CONSUELO POR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD. ALIANZA SIERRA MADRE, A.C. BOWERASA ,A.C. CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, A.C. CENTRO DE ESTUDIOS “17 DE NOVIEMBRE” CIRCULO DE ESTUDIOS DE GENERO CONTEC, ASESORIA TECNICA COMUNITARIA. COMISION DE SOLIDARIDAD Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, A.C. FRENTE DEMOCRATICO CAMPESINO GRUPO DE ABOGADAS DEMOCRATICAS. GRUPO PROMOTOR DE LOS DERECHOS POLITICOS DE LAS CIUDADANAS EL BARZON CHIHUAHUA. EL BARZON FEDERACION JUSTICIA PARA NUESTRAS HIJAS MOVIMIENTO CIUDADANO POR LA PAZ Y LA VIDA DIGNA. MOVIMIENTO RESISSSTE MUJERES POR MEXICO Personas en lo individual, Horacio Almanza Alcalde Estela Angeles Mondragón Isabel Encerrado Treviño Rocío Jenny Zapata López |
Colocan placa en honor a Marisela Escobedo; ''y si la quitan será un crimen'': Javier Sicilia
